Fuente: www.portafolio.co - Luis Javier Jaramillo - Consultor Fundación Tecnos.- Septiembre 4 de 2012

Está muy bien la voluntad de convertir a la innovación en una de las cinco locomotoras que jalonarán un nuevo desarrollo.

A raíz de la renuncia del Director de Colciencias, se ha suscitado una serie de reacciones y comentarios que han revelado varias tensiones e inconsistencias en el área de la política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Preocupa la financiación de proyectos de investigación y de innovación en el orden nacional.

Advierten los entendidos, que se corre el riesgo de sufrir una hemiplejía, pues mientras cuantiosos recursos (jamás soñados) procedentes de las regalías petroleras y mineras, se destinarán a proyectos regionales, el Gobierno Central y sus instituciones se verán en aprietos para cumplir sus metas.

Al respecto, el economista Guillermo Perry sostiene en un artículo en Portafolio (‘Dos años con Santos’, 4 de agosto del 2012), que “…el Gobierno mató el tigre y se asustó con el cuero, al consagrar una lamentable atomización de los recursos para innovación”.

Surgen, asimismo, dudas sobre la eficacia de la coordinación de las instituciones públicas especializadas.

Se advierte una creciente pérdida de estatus y limitaciones presupuestales de Colciencias, pese a su ubicación en la Presidencia al tenor de la Ley 1286.

El financiamiento de proyectos empresariales se ha repartido entre varias instituciones sin mayor solución de continuidad. Cada quien va por su lado.

Parece que el DNP da las ‘órdenes de marcha’ sobre lo que cada quien debe hacer.

¿Acaso estamos ante un sistema más fragmentado? Los órganos colegiados asesores no sabemos hasta qué punto están iluminando el camino previsto en sus competencias, en referida Ley 1286.

Lo curioso es que el debate se viene dando sobre ideas generales con las que sería imposible no estar de acuerdo. Se reitera ad nauseam, la importancia de la innovación para el desarrollo, pero reconocerlo de esta manera dejó de ser lo relevante. Ese no es el problema. En un reciente editorial de Portafolio (‘Cinco locomotoras’, julio 30 de 2012), se va al grano en el tema: no se discute la importancia de la locomotora de la innovación, pero nadie parece saber cómo impulsar.

No basta, pues, con decir que hay que apoyar la investigación y la innovación o ayudar a ciertas instituciones.

Falta trabajar mucho más el ‘cómo’ y, al hacerlo, entramos a los dominios de la política nacional de innovación.

La política de innovación requiere el mismo profesionalismo y rigor que se exige, por ejemplo, a la formulación de la política económica. Está muy bien la voluntad de convertir a la innovación en una de las cinco locomotoras que jalonarán un nuevo desarrollo.

Eso le da visibilidad y prioridad pública.

Pero eso no nos exime de emprender un diseño cuidadoso y riguroso de política, instrumentos y de preparar gente para su eficiente administración.

En una carta suscrita por 1.400 científicos, dirigida al presidente Santos, se propone una nueva misión de sabios que analice y dictamine sobre lo que hay que hacer, reeditando la idea de la misión que tuvo lugar en el Gobierno de César Gaviria, y cuyos resultados fueran entregados en 1993.

La idea de la mencionada misiva es positiva. Expresa voluntad de evaluar objetivamente dónde estamos y hacia dónde debemos y podemos ir.

Sin embargo, ya es hora de una evaluación que considere genuinos parámetros internacionales, pero que a la vez se apoye en un grupo nacional de contraparte, de ‘sabios’ en asuntos de política de innovación.

Nadie mejor que la OECD para darnos una mano en esta evaluación en las actuales circunstancias.

Para comenzar, convendría ambientar en el país los conceptos, enfoques y métodos usados por la esta entidad en sus ‘revisiones nacionales’ (Country Reviews) de política nacional de innovación.

Valdría la pena, en este sentido, programar un ciclo de seminarios con expertos de la OECD para dar una mirada a los estudios de evaluación de política de innovación, realizados en países latinoamericanos, miembros de esta organización, como Chile, (Informe OECD del 2007), lo mismo que México (Informe OECD del 2009), y Perú (Informe OECD del 2011).

Sería importante, una vez familiarizados con los citados estudios, concertar un trabajo similar de Colombia con los responsables de la OECD, y definir los términos de referencia para su ejecución. Los estudios de OECD, mencionados atrás, han sido liderados por expertos de talla mundial, y poseen la ventaja de acopiar la información disponible sobre el caso colombiano y organizarla con la ayuda de un equipo de contraparte del mismo país.

Por este medio podríamos llegar a definir elementos objetivos y menos teñidos de sesgos e intereses parciales. En resumen, sería posible generar una visión de lo que conviene al conjunto, y de definir mejor los cimientos de la construcción de un sistema nacional de innovación colombiano.

La OECD, según las experiencias anotadas y muchas otras que ha realizado, posee estándares exigentes y actúa con la independencia requerida. Una buena coyuntura es el interés del alto Gobierno en matricular al país en dicho organismo.

Justamente, la innovación es uno de los campos más fuertes y claves del prestigio de esta organización para la cooperación y el desarrollo, y es necesario saber aprovecharla en las actuales circunstancias.

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